Metaverso: algunas reflexiones desde el Derecho

El último concepto mainstream en el mundo blockchain es, sin duda, el Metaverso. Distintas compañías multinacionales se han subido al carro del Metaverso, lo que nos impulsa a realizar, brevemente, un análisis de cuáles son los aspectos legales del mismo que conviene abordar y tener en cuenta por parte de las compañías y usuarios antes de dejarse llevar por el FOMO.

El Metaverso (en su idea renovada) no es más que una plataforma digital, que opera en tiempo real, a gran escala, persistente, interactiva e interoperable compuesta por mundos virtuales descentralizados e interconectados entre sí en la que los participantes pueden trabajar, transaccionar, socializar, jugar y crear. El Metaverso es la evolución de la Web3 o, mejor dicho, se sirve de la misma para su creación. Este mundo virtual lo forman distintos elementos, esto es: (a) hardware e infraestructura, (b) herramientas y estándares, (c) distintos metaversos interconectados, (d) interacción directa entre las personas, sin un intermediario, lo que significa que cualquiera puede participar, (e) basado en blockchain, con el fin de transferir atributos de identidad y propiedad a través de esos mundos virtuales, certificaciones (NFT) para verificarlos y canales de pago que permiten a las personas comprar, vender y obtener ingresos dentro de una economía descentralizada y, por último, y en lo que aquí nos interesa , (f) marcos legales que rijan su funcionamiento.

Veamos algunas de las problemáticas legales que suscita el Metaverso y que generan más dudas que respuestas sobre cómo deben ser abordadas.

1) Protección de los datos personales de los usuarios.

En el Metaverso, como no puede ser otra manera, se generan ingentes cantidades de datos de carácter personal del usuario (también de categoría especial ex art. 9 RGPD) a través de su experiencia sensorial y cognitiva, pues los usuarios pueden interactuar con el sistema y entre sí a través de una capa blockchain con fin de generar una seudorealidad virtualizada.

A estos efectos, el RGPD, la futura Digital Services Act y la Digital Markets Act deberán ser la base de las herramientas normativas que permitan controlar los anhelos de las grandes corporaciones (piénsese en Meta -antes Facebook-) de lucrarse a través de los datos de los usuarios recabados en su andadura por el Metaverso, pues el posible componente inmersivo del mismo (ya sea a través de experiencias de realidad virtual o aumentada o, en general, de dispositivos weareables) supone ir un paso más allá de lo visto hasta ahora con la llamada Web 2.0 (experiencia y uso de redes sociales), mediante un perfilado del usuario todavía más invasivo (nuestros gustos, nuestros datos biométricos, nuestras creencias, etc.).

Los usuarios interactuaran con las plataformas a través de avatares virtuales, pudiendo trasladar los mismos a diferentes mundos virtuales. Teniendo en cuenta la economía del metaverso y la gran cantidad de transacciones que se podrán realizar en el mismo, es fundamental que los usuarios tomen las medidas de seguridad oportunas sobre sus avatares y sobre la puerta de acceso al metaverso y a la blockchain, esto es, sus wallets.  Algunos de los riesgos que deben intentar evitarse mediante la custodia segura de la clave privada de la wallet son los de suplantación de identidad y el consiguiente uso fraudulento del avatar, lo que a su vez puede conllevar la pérdida de datos personales, sustracción de criptoactivos vinculados a una wallet, etc.

2) Mercado inmobiliario virtual.

En algunos Metaversos como Decentraland se pueden comprar parcelas virtuales a través de la adquisición de NFT’s (Non Fungible Tokens) por unos precios que ya superan a los de los inmuebles del mundo real. Las parcelas se adquieren a través del token propio de la plataforma que otorga derechos a los poseedores sobre la toma de decisiones y gobernanza en la plataforma, lo que sin duda plantea cuestiones jurídicas de no poca importancia, como podrá ser el ajuste de las normas que rijan la plataforma al derecho positivo existente y, en su caso, la posibilidad de constituir derechos reales sobre dichas parcelas virtuales, así como la fiscalidad de todas estas operaciones. Por otro lado, la gobernanza descentralizada podrá plantear problemas legales respecto a las decisiones tomadas por los tokenholders en caso de que éstas no se ajusten a derecho, dejando de lado la doctrina del code is law, y respecto a su ejecución y ley aplicable dentro de la plataforma.

El acceso a la plataforma (y a la blockchain y a los activos) a través de la correspondiente wallet y mediante el uso de claves privadas plantea, asimismo, otras cuestiones de índole jurídica no menos importantes, entre otras:

  1. a) ¿Qué ocurre si una autoridad judicial o administrativa pretende bloquear o embargar los activos digitales de un individuo? Si el titular declara que ha perdido la clave privada o que no la recuerda el criptoactivo resultaría inaccesible para las autoridades públicas, sin perjuicio de que se le pudiera imponer algún tipo de sanción.
  2. b) ¿Cómo se deposita un criptoactivo ante un tercero custodio en caso de que se requiera? Si el titular comunica su clave al tercero (de confianza) se generaría un problema para este si los activos desaparecen durante la custodia en cuanto a la prueba de quien dispuso de los mismos. Parece que la mejor manera sería depositar los criptoactivos en una dirección titularidad del depositario debiendo ser aquel el que controle los activos mediante sus claves criptográficas, no obstante, esta solución requiere de la interposición de un tercero tal y como se realiza hoy en día, lo que anterior podría solucionarse a través del uso de smart contracts sin tercero de confianza, sirviendo aquel como instrumento de escrow. Los criptoactivos se remiten a la dirección del SC que sirve escrow, estando este programado para liberarlos en el momento en que se cumpla la condición que se trate. No obstante lo anterior, dichas soluciones siguen planteando dudas de no fácil solución desde el punto de vista del Derecho.

3) Propiedad intelectual y creaciones en el Metaverso.

Además de adquirir parcelas, en el Metaverso también pueden adquirirse artículos únicos a través de los tan nombrados NFT’s, por ejemplo, accesorios o ropa para vestir el avatar, obras de arte digital, etc. constituyendo, sin duda, un negocio de gran valor económico (y no menos especulativo). Lo anterior, evidentemente, no pasará desapercibido por las grandes marcas que ofrecerán productos puramente virtuales (sin necesidad de que existan físicamente) en el Metaverso y ya están solicitando el registro de su marca para uso virtual.

Asimismo, los propios avatares podrán crear obras (en sentido amplio) a través, en su caso, del uso de sistemas de inteligencia artificial, en cuyo caso no podrá considerarse a aquellos como autores según la definición dada por el artículo 5.1 de la Ley de Propiedad intelectual que considera “autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica”, estando, por tanto, excluidas de esa consideración las obras creadas por máquinas.

En el resto de jurisdicciones, por lo general, en materia de propiedad intelectual, se reconoce la condición de autor a las personas naturales, sin perjuicio de que puedan beneficiarse las personas jurídicas en los casos expresamente previstos. En EEUU, por ejemplo, los Tribunales y la Oficina de Copyright operan, aun no estando previsto en la ley, sobre la base de que todo aquel registro de obras no creadas por humanos será denegado.

Como no puede ser de otra manera, se suscitan problemas derivados de la extraterritorialidad de la plataforma, esto es, ¿cuál será la ley aplicable en casos de infracción de derechos y que tribunales serán competentes? o ¿en qué territorio deberán registrarse los derechos?

Fuente: Newzoo

Gerad Espuga Torné

Abogado TIC. Delegado de Protección de Datos

gerardespuga@betalegal.com

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