Modificació de la Llei General Tributària

El día 12 de octubre, entró en vigor la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria, publicada en el BOE el 22 de septiembre de 2015. A continuación se resumen algunas de las novedades más importantes introducidas en la Ley General Tributaria (en adelante LGT).

Disposiciones interpretativas o aclaratorias

Se reconoce a la Administración tributaria la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante para todos los órganos encargados de aplicación de los tributos, sin necesidad de se plantee una consulta a la Dirección General de Tributos. Dichas disposiciones discrecionalmente podrán ser sometidas a información pública y deberán publicarse.

Sanciones en casos de conflicto en la aplicación de la norma

Con anterioridad a la reforma de la LGT, no era sancionable la conducta consistente en evitar total o parcialmente un impuesto mediante actos o negocios no usuales o artificiosos y que solo se realizaban para conseguir un ahorro fiscal.

Con esta modificación se introduce la posibilidad de que los supuestos de declaración de conflicto en la aplicación de la norma puedan llevar aparejado una sanción, siempre que exista igualdad sustancial entre el caso regularizado y el de otros obligados tributarios cuya resolución hubiese conformado criterio administrativo preexistente y público en el momento de presentarse la declaración o autoliquidación. A tal efecto, se otorgará publicidad a los informes de la Comisión consultiva emitidos.

Prescripción

Con esta modificación se consagra la imprescriptibilidad del derecho de la Administración a comprobar e investigar elementos de la obligación tributaria originados en periodos prescritos pero que surten efectos en ejercicios no prescritos.

Tratándose de créditos fiscales -bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación-, el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación prescribe a los 10 años contados desde el día siguiente a la finalización del plazo establecido de declaración correspondiente al ejercicio o periodo en que se generó el derecho.

No obstante lo anterior, más allá de esos 10 años, en un procedimiento de comprobación de un ejercicio no prescrito en el que se producen las compensaciones o aplicaciones, el contribuyente seguirá teniendo la obligación de aportar las liquidaciones o autoliquidaciones en las que se incluyeron dichas bases, cuotas o deducciones y la contabilidad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que por primera vez se establece que la interrupción del plazo de prescripción de la acción para liquidar, produce igualmente la interrupción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias conexas, tanto de la acción para liquidar como de la acción para obtener la devolución de ingresos indebidos.

Duración de los procedimientos de inspección

Con carácter general, el plazo de duración de las actuaciones inspectoras será de 18 meses (antes eran 12 meses), aunque la norma permite plazos más amplios en determinados supuestos. Así, la duración del procedimiento se amplía a 27 meses en las siguientes circunstancias:

  • Cuando la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar cuentas.
  • Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación.

Asimismo, dejando al margen los supuestos en los que las actuaciones pueden quedar suspendidas, se podrá extender la duración del procedimiento en los siguientes casos:

  • Por los días de cortesía en los que el obligado solicita que no se lleven a cabo actuaciones con el mismo (extensión de 60 días máximo para todo el procedimiento).
  • Cuando el obligado tributario aporte de forma tardía documentación que le ha sido previamente requerida (extensión de 3 o 6 meses, según los casos).
  • Cuando el obligado tributario aporte documentación una vez apreciada la necesidad de aplicar el método de estimación indirecta (extensión de 6 meses).

El procedimiento sancionador se extenderá en el mismo periodo, si ya se hubiera iniciado.

Publicación del listado de deudores

La Administración tributaria publicará periódicamente listados de deudores a la Hacienda Pública cuando concurran las siguientes circunstancias:

  • Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere 1.000.000 de euros.
  • Que respecto de dichas deudas o sanciones tributarias haya transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario.

No obstante, quedan excluidas las deudas y sanciones que se encuentren aplazadas o suspendidas.

Con carácter previo a la publicación de la lista, la Administración deberá comunicarlo formalmente al deudor afectado y concederle un plazo de 10 días para formular alegaciones. Las alegaciones podrán eferirse exclusivamente a errores materiales, de hecho o aritméticos.

Para determinar la inclusión en el listado se tendrá en cuenta la situación del obligado tributario a 31 de diciembre del año anterior al del acuerdo de publicación, con independencia del importe pendiente de ingreso en el momento del acuerdo de publicación (excepcionalmente para 2015, el primer listado será de 31 de julio y se publicará en el último trimestre).

Prueba

Se introduce la precisión de que la factura no es un medio de prueba privilegiado respecto de la existencia de las operaciones, de modo que si la Administración cuestiona su efectividad, será el obligado tributario quien deba probar, por otros medios, la realidad de las operaciones.

Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información

Se amplía el tipo infractor consistente en la presentación por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos además de las liquidaciones o autoliquidaciones como se contemplaba hasta ahora, a otros documentos con trascendencia tributaria. Esta modificación trae causa en la extensión de la presentación electrónica obligatoria a otro tipo de documentos distintos de las declaraciones y autoliquidaciones.

Se rebaja la sanción de 1.500 a 250 euros en el supuesto de presentación de declaraciones, autoliquidaciones u otros documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios.

Nueva infracción por incumplir obligaciones contables y registrales

Se tipifica una nueva infracción consistente en el retraso en la obligación de llevar los Libros Registros a través de la Sede electrónica de la AEAT. La sanción aplicable a esta nueva infracción será del 0,5 del importe de la factura objeto del registro con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros. La introducción de esta nueva infracción está relacionada con el futuro sistema de gestión de suministro inmediato de información (SII) en materia de IVA, cuya entrada en vigor está prevista para el año 2017.

Reclamaciones económico-administrativas

La reforma incluye una batería de modificaciones de las reclamaciones económico-administrativas. Baste aquí citar las de índole más practica:

  • Es obligatoria la iniciación y tramitación de las reclamaciones económico-administrativas por medios electrónicos cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones (lo que supone la regla general en el caso de sociedades mercantiles, tanto anónimas como de responsabilidad limitada).
  • Se presume la representación voluntaria cuando la representación hubiera sido admitida por la Administración tributaria en el procedimiento en el que se dictó el acto impugnado.
  • No será necesario interponer reclamación contra la resolución expresa, cuando dicha reclamación ya había sido interpuesta frente al acto presunto. En lanotificación se le comunicará al interesado que la resolución expresa, de acuerdo con su contenido, se considerará impugnada en vía económico-administrativa, o que causará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por el órgano económico-administrativo que esté conociendo el procedimiento. El interesado, en sus alegaciones, podrá pronunciarse sobre estas consecuencias si no estuviera conforme, para lo cual dispondrá de un plazo de un mes.
  • Se pueden acumular motivadamente, previo trámite de audiencia, aquellas reclamaciones respecto de las que se considere conveniente una resolución unitaria por existir conexión entre las mismas (lo que “a priori” permitiría la acumulación de reclamaciones que se refieran a distintos tributos).
  • Se recoge de forma expresa la posibilidad de plantear por el Tribunal cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
  • En materia de costas, se recoge la posibilidad de exigir costas ante la inadmisión del recurso o reclamación, no sólo ante la desestimación del mismo como estaba previsto hasta ahora. En todo caso, las costas del procedimiento serán exigidas a la persona a la que resulte imputable la temeridad y mala fe que motivó la condena en costas.
  • El Tribunal Económico-Administrativo Central puede, de oficio o a petición de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, adoptar resoluciones en unificación de criterio en materias de especial trascendencia o cuando existan resoluciones contradictorias entre los diferentes Tribunales Regionales o Locales.

Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública

Las actuaciones y procedimientos establecidos por el legislador traen causa principal del artículo 305.5 del Código Penal, en donde con la modificación del Código Penal practicada a través de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de diciembre, se abría la posibilidad a que el procedimiento de recaudación de la Administración no quedara suspendido por el procedimiento penal.

No habrá remisión cuando haya reconocimiento completo y pago de la deuda tributaria antes de que se hubiera notificado al obligado tributario el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, no habiéndose producido tales actuaciones, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración
autonómica, foral o local, interponga querella o denuncia contra aquel. De forma
conjunta al reconocimiento de la deuda se exige un ingreso simultáneo de la misma
(cuota, intereses de demora y recargos).

En los casos en que no haya habido regularización voluntaria y la Administración
tributaria aprecie indicios de delito, la regla general es que el procedimiento continúe,
sin perjuicio de que se pase el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remita el
expediente al Ministerio fiscal. No obstante, la Administración tributaria no podrá iniciar
procedimiento sancionador y si ya lo ha iniciado deberá paralizarlo.

La reforma regula expresamente el procedimiento especial a seguir en caso de que se
practique una liquidación tributaria vinculada al posible delito contra la Hacienda Pública.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda pública no paralizará
las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, a
menos que el Juez acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución.

Aquellos que sean causantes o colaboren activamente en la realización de los actos que
den lugar a la liquidación y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por el
delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso,
serán considerados responsables solidarios.

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nuestro despacho.