Drets dels interessats sobre les seves dades personals: (III) Supressió. Especial referència al dret a l’oblit i la seva col·lisió amb altres drets fonamentals

En ejercicio del derecho de supresión (art. 17 RGPD y 3 y 15 de la LOPDyGDD) el interesado tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento que suprima sus datos personales siempre y cuando no exista una excepción a tal derecho.

1) Procedencia en el ejercicio del derecho de supresión:

El interesado podrá solicitar la supresión de sus datos personales cuando:

  • Los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que se recabaron.
  • El interesado ha retirado su consentimiento al tratamiento o se ha opuesto.
  • El tratamiento incumple con las disposiciones del RGPD, en cuyo caso, además, el interesado podría solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que el tratamiento ilícito le haya provocado y, consiguientemente la limitación en el tratamiento de los datos.
  • Cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los estados miembros.
  • Los datos personales se hayan obtenido en el marco de una oferta de servicios de la sociedad de la información. 
  1. Límites al ejercicio del derecho de supresión:

El derecho de supresión no procederá en los casos en los que la retención de los datos sea necesaria para salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión e información, el cumplimiento de una obligación legal, el cumplimiento de una misión realizada en interés público, por razones de interés público en materia de salud pública, con fines de archivo e investigación o para el ejercicio o defensa de reclamaciones. (Art. 17.3 RGPD).

2) Derecho al olvido en buscadores de internet:

El derecho al olvido fue introducido por el Tribunal de Justicia de la UE en el asunto “Costeja vs. Google” como manifestación del derecho de supresión en el ámbito digital, en concreto en los motores de búsqueda, cuya actividad consiste principalmente en encontrar e indexar información publicada en internet por parte de terceros, almacenar dicha información temporalmente y ponerla a disposición de los usuarios del motor de búsqueda. Como no puede ser de otra manera, esta actividad encuentra cabida en la de “tratamiento de datos personales” cuando mediante la misma se tratan tales datos.

El ejercicio de este derecho podrá llevarse a cabo en los mismos supuestos en los que procede ejercitar el derecho de supresión en sentido estricto.

Como excepción, el derecho al olvido no procederá en los casos en los que la retención de los datos sea necesaria para salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión e información, el cumplimiento de una obligación legal, el cumplimiento de una misión realizada en interés público, por razones de interés público en materia de salud pública, con fines de archivo e investigación o para el ejercicio o defensa de reclamaciones. (RGPD Cons. 65 y art. 17.3).

Asimismo, el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales, debe requerir a otros responsables del tratamiento que también los traten a los efectos de que eliminen los enlaces a ellos.

  1. Confrontación del derecho a olvido con la libertad de información y expresión:

En relación con la libertad de información y expresión el TC ha establecido como regla general que la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos personales en aquellos casos en que la información es veraz y de relevancia pública, por lo que en todo caso habrá que tener en cuenta tanto el tipo de información como la persona a la que la misma se refiere y, asimismo, que los datos personales tratados, de conformidad con el principio de minimización, sean adecuados, pertinentes y no excesivos.

De conformidad con la indicada STJUE debe hallarse un equilibrio entre ambos derechos, por lo que el interesado tiene derecho a que la información relativa a su persona no se obtenga mediante la búsqueda de su nombre, lo que prevalecería sobre el interés económico del motor de búsqueda y sobre el interés público de acceder a una información a través del nombre del interesado.

No obstante, dicha prevalencia decaerá cuando la injerencia en los derechos fundamentales del individuo está justificada por el interés preponderante de la colectividad a tener acceso a la información por la relevancia pública de su figura.  

  1. Criterios del GT del Art. 29 sobre la interpretación de la STJUE “Costeja vs. Google”:

Se entenderá que una “persona pública” es aquella que tiene cierto grado de exposición pública o mediática en virtud de las labores o funciones que desempeña (ya sea en la política, el deporte, en la economía, en la cultura, etc.). Teniendo ello en cuenta se establece por tanto un primer límite entre los particulares y las personas que desempeñan alguna función con relevancia pública.

Respecto a la veracidad de la información, la autoridad competente puede dirimir la cuestión si el interesado proporción pruebas que acrediten la inexactitud de la información.

En lo que respecta a la pertinencia, el GT29 considera que debe tenerse en cuenta si la información se refiere a la vida privada del individuo o a su vida profesional, por lo que la información que se refiere a la vida privada, con carácter general, debe ser considerada irrelevante, por el contrario, la que se refiere a la vida profesional debe tenerse en cuenta el tipo de profesión y la relevancia de conocer la información por parte del público.

Un factor clave para que el motor de búsqueda proceda a la desindexación es el hecho de que la información esté causando algún perjuicio al interesado que sea desproporcionado.

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que para que prospere una solicitud de desindexación en un motor de búsqueda, la información vinculada al nombre del interesado debe no ser pertinente, estar desactualizada o ser excesiva para dar cumplimiento a la libertad de expresión e información. Debe además afectar a la vida privada de la persona afectada de manera innecesaria para el interés público, lo que dependerá de si se trata de una persona pública o de un particular. In fine, deben concurrir razones propias de la situación personal del interesado que le den preferencia sobre el interés legítimo del buscador.

  1. Derecho al olvido en redes sociales:

La LOPDyGDD (art. 94) incluye el derecho al olvido en redes sociales y otros servicios de la sociedad de la información y comprende:

  • El derecho a que se eliminen los datos personales que hubiera facilitado para su publicación.
  • El derecho a que se supriman datos personales facilitados por terceros para su publicación por parte de redes sociales y otros servicios de la sociedad de la información cuando sean inadecuados, inexactos, no pertinentes, excesivos o en caso de que las circunstancias personales del interesado hicieran prevalecer su derecho a la supresión sobre el mantenimiento de los datos. Esto, debemos recordar, no es aplicable a los datos facilitados por terceras personas físicas en el ejercicio de actividades domésticas.