El Tribunal Constitucional declara nul el sistema per calcular la plusvàlua


Acaba de salir publicada la comentada Sentencia del TC que declara nulo el sistema que hasta la fecha se utilizaba para el cálculo de la conocida como “plusvalía municipal “ (Impuesto sobre el Incremento del Valor de Naturaleza Urbana), al declarar inconstitucional los arts. 107.1 segundo párrafo, el 107.2 a) y el 107.4 TRLHL.
Ya en Sentencias anteriores, en concreto en la STC 59/2017 y en la STC 126/2019, el Tribunal había declarado inconstitucionales situaciones en las que no existía un incremento real del valor obtenido por la transmisión del bien urbano, y sólo en aquellos casos o en los que la cuota resultante del impuesto era superior al incremento del valor de que había tenido el bien urbano.

En el presente caso, la cuestión de inconstitucionalidad es instada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en un supuesto en el que había un incremento real del valor del bien inmueble entre el momento de la adquisición y su transmisión, al aportarse a una sociedad nueva como capital, pero la cuota resultante de la plusvalía en base al sistema existente, suponía más del 60% del incremento del valor, por lo que se planteaba si esto vulneraba el principio constitucional establecido en el art. 31.1 CE (no confiscatoriedad).

Tradicionalmente, este tributo local gravaba las plusvalías generadas por las actuaciones urbanísticas públicas y que debían revertir en la comunidad. Pero, actualmente esa argumentación no se justifica teniendo en cuenta las obligaciones de los propietarios de suelo vinculados a la promoción de transformación urbanística, al deber de costear y ejecutar todas las obras de urbanización, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios, o las de ampliación y reforzamiento de las existencias o incluso sin actuación pública en su generación o sin actuación urbanística pública o privada.

Los arts. cuestionados establecen un único método de determinar la base imponible del IIVTNU, y no de parte de ella, de carácter objetivo y de imperativa aplicación. Los elementos objetivos en los preceptos son el valor catastral (no el precio de venta) del terreno en el momento del devengo (transmisión) y el porcentaje anual de incremento según el número de años transcurridos desde su adquisición. Y el porcentaje de incremento se calcula multiplicando el periodo de generación de dicho incremento al porcentaje anual que fija el Ayuntamiento a través de la Ordenanza dentro de los límites máximos establecidos para cada periodo. Así, la medición del incremento del valor “legal “ no atiende a las alteraciones efectivas de valor producidas por el paso del tiempo en el suelo transmitido, cuantificando su evolución temporal por referencia comparativa entre los valores de transmisión y adquisición, sino entendiendo  que ese incremento es un porcentaje del valor catastral de terreno urbano en el momento de la transmisión.

Al no contemplarse en el art. 107 TRLHL la estimación directa de la base imponible sino sólo una única estimación objetiva, se constituye una verdadera regla imperativa de valoración del “incremento de valor” gravado. Pero la STC 59/2017 ya terminó con la ficción legal de la existencia inexorable de un incremento del valor con toda transmisión de suelo urbano, dicha transmisión es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, desde aquella resolución ya no se tributaba por este impuesto en los casos en que entre el precio de compra y el de posterior transmisión no se hubiese ganado dinero.

Tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, puede afirmarse que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general, le es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de la imposición. Por tanto, en el caso del IIVTNU, los sometidos al tributo deben ser sólo los que experimentan un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión; y un incremento real, y no potencial o presunto; y los sometidos lo han de ser en función de la cuantía real del mismo.

La crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado, la inexistencia de incremento o la generación de decrementos, en un efecto generalizado, y ha dado lugar a supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior al incremento calculado según el art. 107 TRLHL. La realidad económica ha destruido la anterior presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración cuestionada.

En consecuencia, según el Tribunal Constitucional, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliaria y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE), fundamentación utilizada por la resolución para declarar inconstitucional los artículos que fijan el sistema.

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los citados preceptos suponen la expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Ahora le toca al legislador correr para dotar a la Administración de un nuevo sistema para que los Ayuntamiento dispongan de una fuente principal de sus ingresos.

En cuanto a quiénes podrán reclamar la devolución de estos tributos satisfechos por transmisiones más o menos recientes, la Sentencia del Constitucional determina que el alcance que tiene su resolución al determinar que no se pueden considerar situaciones a revisar aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Tampoco quedarán afectadas por la resolución del Alto Tribunal:

– las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la            fecha de dictarse la Sentencia.

las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada de conformidad al art. 120.3 LGT a dicha fecha (ingresos indebidos).             Las Sentencias del TC que declaran la inconstitucionalidad tienen efectos contra todos desde que se publican en el BOE, por lo que a partir de esa fecha esos artículos no pueden regir la resolución de ningún litigio, ni siquiera aquellos que estén pendientes de Sentencia.