Obligació de contractar a persones amb discapacitat


Las empresas de 50 o más trabajadores están obligadas a reservar un 2% de su plantilla total para ser ocupados por personas con discapacidad, según establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre y el Real Decreto 364/2005.

A efectos de esta reserva son consideradas personas con discapacidad las que ostenten una discapacidad reconocida de, al menos un 33%.

A los efectos del cómputo del dos por ciento de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El período de referencia para dicho cálculo serán los 12 meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratados a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa.

b) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.

c) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de referencia. Cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

Cuando el cociente que resulte de dividir por 200 el número de días trabajados en el citado período de referencia sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores.
A los efectos del cómputo de los 200 días trabajados previsto en los párrafos anteriores, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los días festivos y las vacaciones anuales.

De forma excepcional, las empresas podrán quedar exentas de forma parcial o total si aplican medidas alternativas. 

El Certificado de Excepcionalidad es una resolución del Servicio Público de Empleo por el que de manera temporal se exime a una empresa de cumplir con la cuota de reserva del 2% y autoriza la aplicación de medidas alternativas. Para que se lo otorguen es imprescindible que se cumpla:

  • Que por cuestiones productivas, organizativas, técnicas o económicas existe especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla.
  • O que los Servicios Públicos de Empleo no puedan atender a la demanda por falta de interés o no aceptación de condiciones por parte de la persona discapacitada.

El certificado de excepcionalidad no exime de cumplir la Ley, ya que obliga a adoptar alguna de las medidas alternativas reguladas por el RD 364/2005:

  1. Contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo para la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la empresa.
  2. Contrato mercantil o civil con un trabajador autónomo con discapacidad para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad.
  3. Donación o acción de patrocinio económico a una entidad o fundación cuyo objeto social sea entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con diversidad.
  4. La constitución de un enclave laboral previa suscripción del contrato con un Centro Especial de Empleo.

La declaración de excepcionalidad tendrá una validez de 3 años y una vez finalizado este plazo podrán solicitar una nueva declaración si persisten los motivos.

Si no se cumple con la Ley, las Comunidades Autónomas tienen un régimen de sanciones que van de leves a muy graves, de 301€ a 1.000.000€.