Reforma de la Ley de Sociedades de Capital

INTRODUCCIÓN

El pasado 4 de diciembre se aprobó la Ley de reforma de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, entrando en vigor a los 20 días siguientes de su publicación.

ASPECTOS ESENCIALES DE LA REFORMA

1.- La Junta y los derechos de los socios:

  1. Se revitaliza el funcionamiento de la Junta fomentando la participación de los socios:
    1. Las Juntas de las SA podrán impartir instrucciones a los administradores o someter a autorización decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, aunque se mantiene la previsión de que los estatutos podrán limitar o excluir dicha facultad.
    2. Será competencia de la Junta la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume que son esenciales cuando el importe de la operación de que se trate supere el 25% del total activo del último balance aprobado.
  2. Desaparece la expresión “mayoría ordinaria” convirtiéndose en “mayoría simple” en las SA. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad del capital presente o representado en la Junta.
  3. Contiene una nueva regulación de los conflictos de intereses de los socios o accionistas, con prohibición de voto en las SA al igual que ya sucedía en las SL.
  4. Se reconocen dos modalidades de derecho a la información (uno previo a la Junta y otro en la Junta) y se contemplan algunas modificaciones relevantes:
    1. sólo procederá la impugnación de acuerdos de Junta cuando la información solicitada resulte esencial para el ejercicio del derecho de voto.
    2. En la SA, la vulneración del derecho de información ejercido durante la Junta solo facultará al accionista a exigir su cumplimiento y los daños y perjuicios ocasionados, pero no será causa de impugnación de los acuerdos de la Junta.
    3. Los administradores podrán denegar la información solicitada cuando sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio o tengan razones objetivas para considerar que la información pueda utilizarse con fines “extrasociales” o su publicidad perjudique a la sociedad o a otras vinculadas.
  5. Nuevo régimen de impugnación de acuerdos sociales:
    1. Se refuerza el contenido material del derecho potenciando el interés social y la defensa de los derechos de los accionistas minoritarios:
      • Se suprime la distinción entre acuerdos nulos y anulables y aparece únicamente la categoría de “acuerdos impugnables”, que son aquellos contrarios a la ley, los estatutos, los Reglamentos de la Junta o del Consejo o el interés social.
      • El plazo de impugnación será de un año, salvo en las sociedades cotizadas que será de 3 meses.
      • Los acuerdos contrarios al orden público continúan siendo imprescriptibles.
      • Se amplía el concepto de “interés social” para incluir el interés de los socios minoritarios, que permitirá la impugnación de acuerdos adoptados con abuso de mayoría que sean injustificadamente lesivos para las minorías.
    2. Se introducen restricciones relativas a la legitimación activa en las acciones de impugnación de acuerdos sociales:
      • Sólo se permita impugnar a los socios que lo hayan sido antes del acuerdo de Junta.
      • Deberán tener un 1% del capital, salvo en acuerdos contrarios al orden público.
      • Supuestos en los que no será procedente la impugnación: infracciones de requisitos meramente procedimentales o irrelevantes, cuando la información solicitada y no proporcionada no sea esencial para el ejercicio del voto, cuando ni la presencia ni el voto hayan sido determinantes para alcanzar el quorum o las mayorías exigibles o cuando los acuerdos se hayan dejado sin efecto o hayan sido válidamente sustituidos.

2.- Estatuto jurídico del Administrador y funcionamento del Consejo de Administración

  1. Deberes de diligencia y lealtad:
    1. La diligencia en el desempeño del cargo deberá valorarse según las funciones atribuidas a cada administrador. Asimismo, se introduce la obligación general de adecuada dedicación al cargo y el deber de exigir y el derecho de obtener de la sociedad la información necesaria para su ejercicio.
    2. Se introduce el principio de discreción empresarial (business judgment rule), para que las decisiones estratégicas empresariales, con independencia de su resultado final, se entiendan correctamente adoptadas de conformidad con la diligencia exigible a los administradores.
    3. Se incrementan las conductas desleales:
      • obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad: deber de secreto, abstención de voto en caso de conflicto de intereses y actuación independiente sin injerencias de terceros.
      • deber de evitar situaciones de conflicto de intereses: deber de abstenerse de aprovechas las oportunidades de negocio de la sociedad o de competir con ella y otros comportamientos a evitar (realizar transacciones con la sociedad, excepto operaciones ordinarias de escasa relevancia, utilizar el nombre de la empresa o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en operaciones privadas, hacer uso de los activos sociales para fines privados,…).
  2. Responsabilidad de los administradores:
    1. Se amplía el régimen de responsabilidad de los administradores a personas asimiladas, equiparándose al administrador oculto con el administrador de hecho y extendiendo la responsabilidad de administradores a los altos directivos cuando no se hayan nombrado Consejeros Delegados, así como a la persona física representante del administrador persona jurídica.
    2. La acción social e individual de responsabilidad contra los administradores prescribirá a los 4 años desde el día en que se hubiera podido ejercitar en lugar de que se compute desde el cese en el ejercicio de la administración.
    3. Se deberá no sólo indemnizar el daño, sino también devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto que hubiera obtenido, siendo la acción de responsabilidad compatible con acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y anulación de los actos y contratos celebrados y que sean contrarios a su deber de lealtad.
  3. Retribución de los administradores:
    1. Es competencia de la Junta decidir el importe máximo de la retribución de los administradores y se suprime para las SL la exigencia actual de que la convocatoria para la fijación de la retribución tenga que realizarse para cada ejercicio.
    2. Se flexibiliza la regulación de la participación en beneficios y remuneración mediante entrega de acciones en las SA.
    3. Se exige que la retribución de los administradores guarde proporción con la importancia y situación económica de la sociedad y los estándares de mercado.
    4. Se reconoce la existencia de dos tipos de remuneraciones distintas, una por la condición de administrador o consejero y la otra por el desempeño de funciones ejecutivas. La primera deberá cumplir el principio de reserva estatutaria y la segunda exigirá la existencia de un contrato celebrado entre el Consejo y el consejero aprobado con el voto favorable de 2/3 y en el que el consejero afectado no podrá asistir ni votar.
  4. Organización de los Consejos de Administración:
    1. El Consejo deberá reunirse al menos una vez al trimestre.
    2. Si se nombran consejeros ejecutivos se establece la necesidad de firmar un contrato entre el Consejo y el ejecutivo aprobado por 2/3.
    3. Se amplían las competencias indelegables del Consejo.
    4. Se reduce la cuota de la minoría del 5% actual al 1% que podrá impugnar los acuerdos del Consejo, incluso por infracción del Reglamento del propio Consejo.