Coronavirus (Covid-19) – Nota informativa (5) 18/03/2020

NUEVOS PLAZOS SOCIETARIOS Y PROTECCIÓN FRENTE A INVERSIONES EXTRANJERAS


Estimados clientes,

La crisis sanitaria generada por la pandemia del virus Covid-19 ha afectado a todos los ámbitos del derecho y por supuesto, las sociedades mercantiles, cooperativas, fundaciones y demás asociaciones no se han escapado del efecto dominó generado por dicho virus. El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 dictado por el Gobierno en el día de ayer y publicado hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado establece en sus artículos 40 y siguientes, y en su Disposición Final Cuarta, una serie de suspensiones de plazos societarios y mercantiles, así como medidas proteccionistas frente a inversiones extranjeras en estos momentos de debilidad económica para las empresas. A continuación, analizamos cada una de las medidas adoptadas:

1) Posibilidad de celebrar Juntas y reuniones de Consejo de Administración por Videoconferencia

Con el fin de garantizar que todos los ciudadanos pueden cumplir debidamente con la orden de confinamiento temporal, así como evitar las reuniones presenciales, dispone el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020 que, aunque no lo prevean los estatutos sociales, las sesiones de los miembros de gobierno y administración (esto es, las Juntas de Socios o Accionistas y las Reuniones de los Consejos de Administración), podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto

2) Adopción de acuerdos por escrito sin necesidad de celebrar sesión.

Los acuerdos de los referidos órganos de dirección y administración de las sociedades podrán adoptarse mediante votación por escrito, siempre que lo decida el presidente y así lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano correspondiente (socios o consejeros). En ambos casos (sesiones por videoconferencia y acuerdos adoptados sin sesión mediante votación escrita), la persona que tenga la facultad certificante dentro de la Sociedad hará constar en la Certificación las circunstancias de la celebración de la sesión, así como que ningún socio se ha opuesto a la adoptación de los acuerdos en el caso de votación por escrito. En todo caso, se entenderá que los acuerdos han sido adoptados en el lugar del domicilio social y en la fecha de recepción del último de los votos emitidos.

3) Plazos de formulación, verificación y aprobación de las Cuentas Anuales.

El Real Decreto–Ley 8/2020 establece que el plazo de tres (3) meses para la formulación de las Cuentas Anuales (ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de sociedades) queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres (3) meses a contar desde la finalización del referido estado. De este modo, consideramos que no se trata en puridad de una suspensión del plazo, sino de una ampliación del mismo, ya que el plazo no se reanudará por el tiempo que restará, sino que se indica expresamente que se reanuda por un nuevo plazo de otros tres (3) meses. En el caso de que las sociedades ya hubieran formulado sus Cuentas Anuales, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos (2) meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres (3) meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. En este caso, el Real Decreto-Ley 8/2020, no especifica qué ocurre en el caso de que la Sociedad ya hubiera formulado las Cuentas Anuales, pero entendemos que, por aplicación analógica de lo dispuesto en el párrafo anterior con respecto a la obligación de verificación contable, el plazo para la aprobación de las Cuentas Anuales por parte de la Junta General Ordinaria se entenderá prorrogado por tres (3) meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

4) Asistencia de Notarios a las Juntas Generales de Socios.

En caso de que los Notarios deban asistir a Juntas Generales de Socios porque así lo requiera alguno de los Socios y deba levantar acta de las mismas, podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

5) Suspensión del derecho de separación de los Socios y reintegración de aportaciones de socios cooperativos.

A fin de garantizar la integridad del capital social y salvaguardar los derechos de crédito, se suspende temporalmente el derecho de separación de los socios mientras dure la situación del estado de alarma. Así mismo, en caso de los socios cooperativos causen baja durante el estado de alarma, la reintegración de sus aportaciones no se efectuará hasta que transcurran seis (6) meses desde la finalización del referido estado.

6) Suspensión de los plazos de disolución y liquidación y solicitud de concursos de acreedores.

En caso de que durante la vigencia del estado de alarma se produzca la finalización de la sociedad por transcurso del tiempo de duración estatutariamente previsto, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos (2) meses a contar desde que finalice dicho estado. Así mismo, si antes de la declaración del estado de alarma, las Sociedades se encontraran en causa legal de disolución y liquidación, queda suspendido el plazo de dos (2) meses para proceder a la convocatoria de Junta General de Socios mientras dure la situación del estado de alarma. En previsión de la inevitable crisis económica que van a sufrir muchas de las empresas de nuestro país, el Gobierno indica que en el caso de que la causa de disolución se produzca durante la vigencia del estado de alarma, los Administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante este periodo. Finalmente, las sociedades que se encuentren en situación objetiva de solicitud de concurso de acreedores o las que hubieran iniciado un proceso de refinanciación sin éxito, no estarán obligadas a instar el referido concurso por el momento. Dispondrán para ello de un plazo de dos (2) meses a contar desde la finalización del estado de alarma. Por ello, tampoco se tramitarán solicitudes de concurso necesario mientras esté vigente el estado de alarma, así como tampoco durante los dos (2) meses posteriores a su finalización.

7) Suspensión de los Plazos de caducidad de los asientos de presentación en el Registro Mercantil.

Atendida a la suspensión genérica de todos los plazos procesales y administrativos ya acordada en el primer Real Decreto-Ley que estableció el estado de alarma en nuestro país, se suspenden todos los plazos de caducidad en el Registro Mercantil, los cuales se reanudarán una vez finalice el estado de alarma.

8) Limitación a las inversiones extranjeras.

Finalmente y como medida de protección frente a la debilidad económica que inevitablemente va a sufrir el entramado empresarial y evitar situaciones de inversión extranjera oportunista, así como para garantizar el control efectivo de las empresas que se encuentran en sectores críticos y estratégicos (orden público, la seguridad pública y a la salud pública),se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. El Gobierno suspende todo tipo de inversión extranjera realizadas por residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio sobre empresas de sectores críticos y estratégicos, cuando el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad. También quedan suspendidas las inversiones extranjeras sobre cualquier empresa (con independencia del sector) si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país. Esperemos que esta información les resulte de utilidad. Como siempre estamos a su disposición para resolver o atender cualquier situación que surja en relación al estado de alarma, y les informaremos inmediatamente de las novedades que se aprueben en el próximo Consejo de Ministros.

Manuel Rodríguez Mondelo
Abogado