Coronavirus (Nota 20) – Medidas urgentes en materia laboral

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Distinguidos clientes,

En el marco del estado de alarma provocado por la situación de la pandemia por el COVID-19, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Este Real Decreto-ley viene a complementar y a ampliar otras medidas que se han venido implementando a raíz de la declaración de estado de alarma. A continuación, detallamos las principales medidas que se han tomado en los ámbitos laboral y de Seguridad Social.

1.- Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.

En aras a una mayor protección de los ciudadanos, se ha decidido considerar como situación legal de desempleo la extinción de la relación laboral en periodo de prueba a instancia de la empresa producida desde el día 9 de marzo de 2020, con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. Igualmente, se considerarán en situación legal de desempleo aquellos trabajadores que hubieran resuelto de forma voluntaria su contrato de trabajo a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso de suscripción de un contrato laboral con otra empresa, a condición de que esta última comunique por escrito su desistimiento del contrato a causa del COVID-19 y, por tanto, ese trabajador quede sin el primer trabajo ni al que optaba en sustitución.

2.- Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pensiones.

Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados los partícipes en planes de pensiones del sistema individual y asociado y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida, en caso de estar afectado por un ERTE, la suspensión de apertura al público de establecimientos o el cese de la actividad, derivados de la situación de la crisis sanitaria del COVID-19, cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones del plan.

La concurrencia de las circunstancias se acreditará por el partícipe del plan de pensiones del siguiente modo:

  1. En caso de encontrarse en ERTE, se presentará el certificado de la empresa en el que se acredite que se ha visto afectado, indicando los efectos del mismo en la relación laboral para el partícipe.
  2. Si se trata de un empresario que ha visto suspendida su actividad, se presentará declaración en la que éste manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos.
  3. Los autónomos que hayan cesado en su actividad por el estado de alarma presentarán el certificado expedido por la AEAT u organismo competente de las CCAA sobre el cese de actividad.
  4. Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo por una declaración responsable y, transcurrido el estado de alarma tendrá un mes para aportar los documentos no facilitados.

El importe de los derechos consolidados disponible tendrá como límite máximo de la menor de las dos siguientes:

a) Dependiendo del supuesto:

  • En caso de encontrarse en ERTE: los salarios netos dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un período de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma, más un mes adicional.
  • En el supuesto de los empresarios que hayan visto suspendida su actividad: los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir debido a la suspensión, con un período máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante presentación de la declaración anual de IRPF del ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del IRPF y liquidación de IVA del último trimestre.
  • Autónomos con cese de actividad: los ingresos netos que se hayan dejado de percibir durante el estado de alarma y un mes adicional más, estimado mediante la declaración anual del IRPF y, en su caso, el pago fraccionado del IRPF y liquidación de IVA del último trimestre.

b) El resultado de prorratear el IPREM anual para 12 pagas vigente para el 2020 multiplicado por tres en la proporción que corresponda a la duración del ERTE, la suspensión de la apertura al público o cese de la actividad. El periodo máximo será el del estado de alerta más un mes adicional.

El reembolso deberá efectuarse en 7 días hábiles desde la presentación de la documentación. En los casos de planes de pensiones de modalidad de empleo el plazo se ampliará hasta los 30 días hábiles.

3.- Prestación extraordinaria por cese de actividad.

Para causar derecho a la misma, los trabajadores autónomos que la soliciten y que no tuvieran cubiertas las contingencias comunes y profesionales con una mutua colabora con la Seguridad Social, deberán solicitar la prestación a una mutua de su elección, y se entenderá que ésta, será la mutua por la que hayan optado para cubrir estas contingencias, con fecha de efectos, el primer día del mes en que se cause derecho a la prestación.

En el supuesto de actividades esenciales que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, se entiende que concurre la fuerza mayor descrita en el art. 22 del RDL 8/2020, respecto a las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de la actividad que no esté afectada por las condiciones de mantenimiento.

4.- Protección por desempleo de trabajadores fijos discontinuos.

Este RD-l amplía las condiciones en las cuales estos trabajadores podrán acogerse a esta prestación. Así, tanto en el supuesto, de que el fijo estuviera trabajando y se hubiera visto afectado por un ERTE como consecuencia del COVID-19, como si estuviera a la espera del correspondiente llamamiento anual, o en los supuestos, de que no se hubieran podido incorporar por esta misma causa, van a tener reconocida la condición legal de desempleo y podrán acceder a esta prestación.

5.- Materia sancionadora

Se adapta la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) en el sentido de considerar como sancionable la actuación de las empresas en orden a solicitar medidas de empleo que no fueran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, si dicha circunstancia se deduce de incorrecciones o falsedades, siempre que den derecho a la generación de prestaciones indebidas o a deducciones indebidas en las cuotas de seguridad social. El reconocimiento indebido de prestaciones por esta causa podrá dar lugar al reintegro de éstas por parte de las empresas.

6.- Aplazamientos de cuotas de Seguridad Social.

Por último, en materia recaudatoria se amplía y clarifica el régimen para solicitar aplazamientos en la Seguridad Social que se han de pagar durante los meses de abril, mayo y junio, con los siguientes requisitos:

  • Se aplicará un interés del 0,5%.
  • Las solicitudes de aplazamiento deberán realizarse dentro de los primeros diez días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso.
  • El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, independientemente de los meses que comprenda y se amortizará mediante pagos mensuales. El plazo de amortización será de cuatro meses por cada mensualidad solicitada, y computará a partir del mes siguiente al que se haya dictado la resolución, sin que exceda este de 12 mensualidades.
  • La solicitud del aplazamiento comportará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas solicitadas en el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

Este aplazamiento es incompatible con la moratoria de cuotas, entendiéndose por no presentado en el supuesto que hubiera sido aprobada la moratoria por el mismo periodo recaudatorio.

Esperando que la presente nota informativa resulte de su utilidad, quedamos a su disposición para cualquier aclaración que precise y aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.


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