Reciente reforma de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo


El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas y variadas materias, introduce modificaciones en nuestro ordenamiento interno, para la transposición de la reciente Directiva en materia de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Nuevos sujetos obligados

Dentro de las modificaciones derivadas de dicha transposición destaca la incorporación de nuevos sujetos obligados y, en particular, los siguientes:

  • Entidades aseguradoras autorizadas para operar seguros relaciones con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación con otros servicios relacionados con inversiones.
  • Personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos.
  • Proveedores de servicios de moneda electrónica y servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal (y viceversa), así como servicios de custodia de monederos electrónicos o salvaguarda de claves, con la consideración de entidades financieras a los efectos de la Ley 10/2010 y, por lo tanto, con la obligación de registrarse en el correspondiente registro del Banco de España.
  • Cualquier persona que se comprometa a prestar, de manera directo o a través de otras personas relacionadas, ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales como actividad empresarial o profesional principal.
  • Las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 14 y 15 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera y las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas.
  • Los intermediarios de comercio de objetos de arte o antigüedades y las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades o actúen como intermediarios en el comercio de objetos de arte o antigüedades cuando lo lleven a cabo en puertos francos.

Por otro lado, para quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles, se aplicará cuando impliquen transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 € o una renta mensual igual o superior a 10.000 €.

Titulares reales

Se crea un nuevo modelo de identificación de la titularidad real que parte de la creación de un Registro único en el Ministerio de Justicia, que obtendrá información de manera directa, pero que además centralizará la información contenida en los registros y bases de datos existentes en el Consejo General del Notario y el Registro Mercantil.

Se considerará como titular real a los administradores cuando no exista un titular real en sentido propio (control de más del 25% del capital social).

Se introduce también el deber de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y proveerla a autoridades y a sujetos obligados cuando así se requiera. Para ello, el administrador, administradores o en Consejo de Administración (en particular el Secretario del Consejo) tendrán que dar cumplimiento a dichas obligaciones.

Deberá obtenerse y conservarse la siguiente información del titular real: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, país de expedición y tipo de documento de identificación, país de residencia, nacionalidad y criterio que cualifica a la persona como titular real.