La segunda oportunidad dejará de ser útil para los autónomos y empresarios


Poco antes del pasado verano el Gobierno publicó el Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal para trasponer la Directiva 2019/1023 de reestructuración e insolvencia, que ha sido objeto de multitud de alegaciones en su contra, fundamentalmente, en relación con la figura de la segunda oportunidad.

Hemos de recordar que, desde el año 2015, la ley que aprobó la segunda oportunidad permitía que cualquier persona física, consumidor o empresario, pudiese cancelar sus deudas siguiendo un sistema de liquidación de sus bienes y mediante perdón de las deudas o, dicho técnicamente, la exoneración del pasivo insatisfecho (el ya famoso BEPI). Sobre este particular, una de las dificultades de la aplicación de la ley era la existencia de deudas con Administraciones Públicas (Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social o Ayuntamientos, entre las más comunes e importantes) y si dichas deudas podían o no exonerarse. Tras varias interpretaciones doctrinales, criterios judiciales e incluso reformas legislativas, la conclusión sobre el tema se produjo mediante una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, quien determinó que se debía exonerar todo el crédito público que no fuese declarado con privilegio general o especial. Es decir, que el 50% del principal de las deudas públicas se clasifica legalmente como privilegio general y debía pagarse íntegramente, bien mediante un único pago, bien mediante un plan de pagos a máximo 5 años. Quedaba pues exonerada el resto de la deuda pública, es decir, el 50% del principal adeudado, así como también los intereses, recargos y sanciones. En definitiva, es una gran herramienta que permite cancelar las deudas que habitualmente mantienen tanto autónomos como empresarios por sus actividades empresariales o profesionales.

Sin embargo, el art. 489.1.4º. del Anteproyecto excluye de la exoneración de las deudas las derivadas de créditos de derecho público, lo que supone que habrán de pagar dichas deudas en su totalidad si se quiere conseguir el perdón del resto de deudas (bancos, proveedores, trabajadores, etc.). Este hecho limita mucho la posibilidad de obtener una verdadera segunda oportunidad para autónomos y empresarios que, como decimos, suelen adeudar cantidades relevantes a las Administraciones Públicas.

Es importante saber que, aun no sabiendo cuándo se producirá la aprobación y entrada en vigor de dicha reforma de la Ley Concursal, parece claro que será en unos meses y, de mantenerse la exclusión referida, según se desprende del propio Anteproyecto, quien no haya solicitado la exoneración antes de la entrada en vigor ya no podrá exonerarse de los créditos públicos. Por tanto, hacemos un llamamiento a aquellos empresarios o profesionales que hayan pensado en iniciar un procedimiento de segunda oportunidad, para poder instarlo a la mayor brevedad posible y así conseguir solicitar la exoneración antes de la entrada en vigor y así conseguir la exoneración de la deuda pública que no sea privilegiada.

Otro elemento importante que contiene dicha propuesta de reforma es que tampoco podrán exonerarse aquellos empresarios que hayan sido declarados persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de una empresa. Es decir, si, por ejemplo, un administrador instaba el concurso voluntario de la sociedad que administraba y dicho concurso era declarado culpable y dicho administrador declarado como responsable de toda o parte de la deuda, ya no podrá instar un procedimiento de segunda oportunidad que le exonere de esa deuda derivada del concurso de su sociedad.

También se impedirá que se pueda exonerar las deudas de aquéllos que hayan proporcionado información falsa o engañosa o se hayan comportado de forma temeraria o negligente. Este extremo es muy relevante en relación con la financiación bancaria, puesto que existen muchos supuestos en que, para conseguir un préstamo o crédito de una entidad financiera, se aportan balances engañosos. Por tanto, los bancos van a intentar demostrar que se consiguió la financiación gracias a aportar una información falsa o que les indujo a engaño. Por otro lado, seguro que será una fuente de discusión si ha existido una actitud temeraria o negligente en algunos casos de deudas con proveedores, cuando en una situación económicamente muy delicada se siguen haciendo pedidos de productos que muy probablemente no van a poder ser pagados a su vencimiento.

En definitiva, muchos de los deudores no podrán acceder a la exoneración en el futuro si se aprueba el Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal en los términos en que se ha publicado. Esperemos que las muchas enmiendas presentadas por diferentes grupos de interés hagan recapacitar al Gobierno y se modifiquen los asuntos comentados para facilitar una real segunda oportunidad para quien tiene deudas y no puede afrontarlas.